CÁMARA DE MADRID: 125 AÑOS DE VIDA – 16 AÑOS DE ERRORES Y ENGAÑOS

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Los empresarios sabemos que las conocidas como Cámaras de Comercio (ahora Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación) deberían haber desaparecido con la aprobación de la Constitución democrática que ni tan siquiera las menciona. Al igual que el resto de Cámaras, como las de la Propiedad, las agrarias y otras, desbordadas por la legislación de la naciente democracia, debieron haber sido abolidas, como sus homólogas en otros campos de la economía, sencillamente porque no eran ya necesarias.

Si se hubiera procedido como el sentido común y empresarial aconsejaba, su papel y su influencia acumulada, desde su creación en tiempos de la Restauración, hubieran podido evaluarse positivamente y su patrimonio, económico, cultural y hasta empresarial, salvado y entregado a sus auténticos propietarios: los empresarios y sus nacientes organizaciones democráticas. Algo parecido a lo que se hizo con el patrimonio sindical al demolerse el sindicato vertical y el sistema que pretendió unir la acción de trabajadores y empresarios, incompatible con la libertad recién estrenada.

Pero el gobierno socialista de Felipe González debió pensar que merecía la pena (a efectos políticos, claro) y decidió mantener únicamente las de Comercio, parte de un tinglado que había nacido un siglo antes, en delicados momentos de la economía nacional, con la finalidad de rellenar un espacio asociativo, entonces inexistente. En aquel caótico final del siglo XIX, en el que los políticos necesitaban interlocutores válidos y agrupados por sectores, estos a su vez ansiosos por conseguir una eficiente interlocución ante las instancias oficiales.

Abolidos, por tanto, los gremios a principios de un mismo siglo dominado por la pugna entre conservadores y liberales, los problemas dinásticos y el intermitente proteccionismo que nos alejaba del resto de naciones de nuestro entorno, en 1886, se promulgaba por la reina regente María Cristina la Ley que daba orígen a las Cámaras de Comercio que – hay que decirlo bien claro – nacieron libres y con pretensiones de independencia política y económica.

En consecuencia, el 22 de Junio de 1887 se constituyó la Cámara de Madrid, de acuerdo con la Ley que la sancionaba, “con la vocación de asesorar al Estado para asegurar la buena marcha de los asuntos económicos y colaborar en la generación de riqueza, bienestar y empleo”. El objetivo de la Ley pretendía la diferenciación con las anteriores organizaciones gremiales, rechazando su corporativismo y haciendo hincapié en la necesidad de promover los intereses generales de la economía nacional y la defensa de la economía de mercado. Las Cámaras observaron una total neutralidad política que se mantuvo a lo largo del tiempo, incluso en los momentos más difíciles del siglo pasado.

No duró mucho su pretendida independencia, pues en 1911, dada su penuria económica, se promulgó la Ley de Bases que las reconocía como Corporaciones Públicas dependientes del Ministerio de Fomento, quedando convertidas en cuerpos consultivos de la Administración. Además se establecía la separación en dos ámbitos diferenciados: Las de Comercio y las de Industria. Su supervivencia y su actividad dependieron desde entonces de las cuotas empresariales, primero en función de los beneficios de las empresas y, con posterioridad, de acuerdo con unos criterios que establecían el pago obligatorio, por pequeña que fuera la cuantía, por parte de todas las empresas que obligatoriamente figuran en el censo.

Poco antes de la llegada de la democracia, en el año 1970, volvieron a unificarse las actividades industriales y comerciales, mediante una Orden del Ministerio de Comercio que exigía su fusión, por lo que la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, al igual que todas las de los demás territorios, pasó a considerarse la sucesora de ambas Cámaras a todos los efectos.

Con la llegada de la democracia y la nueva Constitución, se produjeron los primeros choques. Las nuevas organizaciones empresariales y su entramado unificado en torno a la CEOE, ante el rechazo de una buena parte de los empresarios a pagar unas cuotas para muchos sin utilidad real y la dualidad que representaban en la representatividad diaria de las organizaciones legítimas recién alumbradas, se planteó su eliminación, con la finalidad de potenciar el complejo mundo asociativo. Pero, como hemos dicho, un gobierno presidido por Felipe González decidió mantenerlas promulgando una nueva Ley de Cámaras que vió la luz, tras un complicado parto en segunda instancia, en el año 1993.

El entonces Presidente de la CEOE, José María Cuevas, dijo aquello de “la mejor Cámara es la que no existe” y la oposición del Partido Popular, comandada por Rodrigo Rato, prometió eliminarlas “cuando llegaran al poder”.

Lo que vino después es bien conocido. Llegados al poder, el Partido Popular, amnésico, repartió cargos entre sus ansiosos colaboradores y amigos, potenciando la acción de las mismas y su carácter político, poniendo al frente del Consejo de Cámaras a la mano derecha del Sr. Rato y facilitando la toma del poder de muchas de ellas a lo largo del territorio nacional. Las promesas, como suele ocurrir entre nuestros próceres, pasaron al olvido, desbordadas por la inevitable pasión de los políticos por la acumulación de cargos, prebendas y, por qué no decirlo, de las condiciones económicas y sociales que los mismos les reportan.

16 años después, la cosa no solo no ha mejorado, sino que ha ido empeorando en el peor sentido posible. Tras cuatro elecciones en las que los empresarios, a través de nuestras organizaciones democráticas, nos hemos ido imponiendo, acumulando candidatos e ideas nuevas para la mejor utilización de unas instituciones que pretendíamos fueran nuestras, – es decir, de quienes las hemos venido pagando y fortaleciendo -, los embustes, las trampas y la ausencia del sentido ético y la transparencia exigibles a quienes manejan los intereses generales, han acabado en una entrega a los políticos, por parte de nuestros teóricos representantes, sin condiciones ni límites, de unas instituciones que no debieran tener otro valor que el reconocimiento general de los empresarios de toda dimensión.

Con la notable excepción de Fernando Fernández Tapias y, en menor medida, Salvador Santos Campano, los últimos responsables de la patronal de Madrid, CEIM, han abdicado de sus obligaciones de manera clamorosa, tan rotunda como su desprestigio como empresarios, extendiendo sumisamente la alfombra roja que todo político o asimilado necesita para apoyar la gestión de unos entes que por no ser, ya no son ni siquiera empresariales.

La Cámara de Madrid, antaño reconocida al menos por una gestión aseada e imparcial, hoy es un vivero de advenedizos, muchos de los cuales desconocen lo que es una empresa pero saben muy bien cómo desenvolverse en el proceloso mundo del clientelismo político y los intereses subterráneos que le acompañan. Familiares, amigos, enchufados varios, políticos en decadencia y demás fauna pseudosocial, en espera de cargos o favores que les reporten el combustible diario para su supervivencia.

La Cámara de Madrid, sea de Comercio, de Industria o de Servicios, es hoy una entidad pública más, desprestigiada y sin proyecto, más allá de los procedentes por la obediencia debida a quién manda, que no son los empresarios, como hemos dicho. Su inutilidad se manifiesta a diario,  ante la impasible observación de los rectores de la patronal madrileña, CEIM, quizás comprometidos en algún acuerdo de reparto de papeles para mantener en tan dudosa representación a la camada de supuestos empresarios más interesados en la relación con el poder que en cumplir su compromiso y los valores que todo hombre o mujer de empresa debiera llevar a diario en su mochila.

En su nuevo papel subsidiario, que la ha llevado a constituirse también en una renacida Cámara de la propiedad urbana de edificios públicos adquiridos a la Comunidad de Madrid, dentro de unos días se va a inaugurar la obra de rehabilitación del edificio de la Calle de las Huertas, 13. El llamado Palacio de Santoña, de dónde salió el Presidente Canalejas para no volver, asesinado a pocos metros, ha sido restaurado siguiendo la petición de la Fundación Cámara de Madrid, que lo había solicitado para instalar en él su Sede Histórica y así fue aprobado unánimemente por un Pleno de la Institución.

 

Pués bien, al parecer, el opaco Comité Ejecutivo en funciones de la Cámara, sin más explicaciones ni la información debida a los vocales electos del Pleno, ha decidido dedicar el edificio al alquiler de salas para empresas y a la utilización preferente del mismo por la Corte de Arbitraje, ente secundario que aporta algunos ingresos a la Cámara al mismo tiempo que buenos emolumentos a los componentes de la misma.

 

Esa decisión implica el incumplimiento del mandato para instalar en la zona baja del magnífico edificio, hoy brillantemente restaurado, de su biblioteca histórica, compuesta por  más de 200.000 volúmenes, muchos de gran valor, que ahora, y desde hace 16 años dormita en penosas condiciones, en unos sótanos del Instituto de Formación Empresarial, sin posibilidad de ser consultada ni utilizada por ninguno de los empresarios de Madrid que son sus auténticos propietarios. Con ello, se condenaría a la extraordinaria colección especializada en economía a su ocultamiento y muerte definitivos.

 

De llevarse a cabo esta insólita decisión, deberemos llegar a la conclusión de que, perdidos los valores y extraviado el sentido común de los actuales rectores, además habrían caído en esa terrible enfermedad tan común hoy en día, de la aversión por la cultura, en especial por la que nos transmiten los libros. Y no entendemos los motivos de tal sinrazón, salvo que algunos o la mayoría de los que ahora tristemente deciden, sencillamente tienen dificultades para entender nuestra propia historia y el valor de la cultura escrita, muy especialmente entre los empresarios. Lo cual, dadas las peculiaridades de algunos de ellos, se puede entender perfectamente.

 

En definitiva, 16 años después, pese al esfuerzo de tantos, la misma incuria, el mismo nivel de despropósitos, se mantienen en una institucion triste e inoperante, que solo sirve al interés personal de unos pocos.

 

Madrid, Mayo de 2015

 

 

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