Un líder sindical catalán ganó cuatro millones gracias a sus cargos públicos | Cataluña | EL PAÍS

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Un líder sindical catalán ganó cuatro millones gracias a sus cargos públicos | Cataluña | EL PAÍS

Luis Cabado dirigió durante dos décadas Satse y es “presidente vitalicio” de una fundación de enfermería

Nadie ha tenido más poder en la enfermería catalana en los últimos 30 años que Luis Cabado, el hombre que ha ocupado casi todos los cargos institucionales de la profesión y se convirtió en interlocutor clave para gobiernos y patronales. Pero este “negociador implacable que alardea de tener los mejores contactos”, según quienes han compartido mesa con él, ha tenido otra faceta oculta: la de un ambicioso hombre de negocios que ha acumulado gracias a sus cargos institucionales una fortuna de más de cuatro millones de euros, según acredita una investigación llevada a cabo por EL PAÍS. Una riqueza que mantiene en buena parte oculta tras un puñado de sociedades y propiedades a nombre de terceras personas, principalmente familiares pero también algunos gestores.

Un repaso a los cargos que ha ocupado Cabado ilustra su peso en la sanidad catalana. Desde los años 80 y hasta 2004 fue el secretario autonómico del sindicato de enfermería Satse. A partir de 1993 y hasta la actualidad, ha presidido la Fundación de la Enfermería Catalana —Fudinca, llamada desde 2013 Fundación Internacional Catalana Solidaria—, de la que fue nombrado “presidente vitalició” en 2002 y que se financia casi enteramente con fondos públicos. Entre 2000 y 2012, Cabado ha sido asimismo miembro del consejo director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), organismo público que gestiona toda la red sanitaria, además de participar en varios órganos asesores de la Generalitat

Tal cúmulo de cargos ha dado a Cabado información y contactos clave que ha sabido rentabilizar. El primer gran negocio lo hizo con la sede central en Cataluña de Satse, que se quedó en propiedad aprovechándose de las ayudas que la Generalitat empezó a dar en 1990 a los sindicatos para pagar el alquiler de sus oficinas. La sede ocupa dos pisos, que suman casi 400 metros de superficie en el número 40 de la calle Pelai, en pleno centro de Barcelona. El valor de mercado de ambos inmuebles supera, según los precios de la zona, el millón de euros.

Cabado participó, como líder de Satse, en la gestación de las ayudas. A la vez, a través de un gestor (hoy fallecido) tomó el control de una sociedad, Oliverus, que compró las oficinas poco antes de que la Generalitat empezara a pagar los alquileres. Tres años más tarde, ese gestor cedió el control de la empresa a la exesposa de Cabado mediante una pequeña ampliación de capital de 30.000 euros, importe muy inferior al valor de los activos que tenía Oliverus. El análisis de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil por la empresa revela la magnitud del pelotazo: Oliverus no solo logró hacer frente cómodamente a la inversión hecha, sino que en pocos ejercicios acumuló 350.000 euros en reservas (beneficios no abonados a los accionistas).

Esta buena salud financiera se explica, al menos en parte, por un dato llamativo: la Generalitat pagó a Oliverus durante muchos años un alquiler aparentemente muy por encima del precio de mercado. Si la empresa ingresó en 1994 casi 120.000 euros por las rentas —cifra que ascendía una década más tarde a 154.000 euros—, en 2012 este importe había descendido hasta casi la mitad: 67.000 euros. Una fuente conocedora de las ayudas explica que “durante muchos años la Generalitat no controlaba demasiado el importe de los alquileres”. “No fue hasta los recortes de los últimos años cuando la Consejería de Sanidad impuso a los propietarios duros ajustes en el precio del alquiler y de ahí la gran caída de los ingresos de Oliverus”, explica esta fuente.

El secretismo con el que Cabado llevó a cabo la compra de la sede de Satse lo ilustra un dato sorprendente: la actual dirección del sindicato asegura que no tenía”ni idea” de que el inmueble que ocupa es propiedad de la exesposa de su antiguo líder.

La segunda gran fuente de negocios de Cabado en el sector sanitario, según ha podido saber este diario, ha sido una intensa actividad de mediación y consultoría hecha a través de cuatro sociedades: LAC Gestió 1953, Envalo S XXI, General Servicios 1949 y Silucan. Las cuatro empresas han actuado en la última década como si de un pequeño holding se tratara: han ido cambiando de administradores y de sede, pero lo han hecho siempre entre un reducido grupo de propiedades y personas del entorno de Cabado: su madre, exesposa, nueva pareja, hijas y el gestor Pedro Salvador Cutillas, entre otras personas cercanas. En su afán por no figurar con su nombre en ningún registro, Cabado ha acabado por componer con el paso de los años un dibujo revelador: una especie de rueda giratoria en el que él mismo, como eje en la sombra, es el único nexo en común entre todas las piezas.

Entre 2008 y 2013, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, las cuatro sociedades facturaron más de 1,9 millones de euros y ganaron —gracias a unos costes de personal y de gestión muy reducidos— casi un millón de euros, dinero que también en este caso sigue en forma de reservas en las propias sociedades. Este diario ha investigado la trayectoria de Cabado y su entorno en los últimos años. Ninguna de las personas que le rodea atesora una carrera que pueda justificar tal cantidad de ingresos, salvo él mismo. Varias personas que lo han tratado lo definen como “un conseguidor” y “un intermediario” que ha alternado sus cargos públicos con una fuerte presencia en el sector privado. El propio Cabado admitió a EL PAÍS hace seis meses —cuando se le preguntó por una de sus empresas— que “es común” que empresas soliciten sus servicios, ya que lleva “toda la vida en el sector” y conoce a “casi todo el mundo”. El antiguo sindicalista se ofreció entonces a informar de sus actividades “con total transparencia”, pero no ha atendido en las dos últimas semanas a las repetidas llamadas de este diario para mantener una entrevista.

Los elevados ingresos obtenidos por las empresas del entorno de Cabado han coincidido en el tiempo con un notable incremento patrimonial, propiedades en las que han ido siendo domiciliadas las distintas empresas de la familia. Todas estas propiedades tienen un valor de mercado —según datos incluidos en el Registro de la Propiedad o una estimación prudente de los precios de mercado—, de más de dos millones de euros. A partir de 1994, Cabado ha pasado a ser propietario de un piso de 213 metros cuadrados en una finca regia de Barcelona, un apartamento en un complejo de golf en Tenerife y una casa en una urbanización de lujo de El Romaní (El Vendrell, Tarragona). Oliverus, por su parte, se ha hecho con otro inmueble en el distrito del Eixample de la capital catalana, al igual que una de sus hijas (esta junto a su pareja), mientras que su exesposa ha adquirido un piso en en el centro de Sitges (Barcelona). El grupo familiar, además, también ha comprado media docena de plazas de garaje.

El tercer y último negocio en el que se ha embarcado Cabado es el de los contratos de rehabilitación de la sanidad pública. En el último gran concurso convocado por la Generalitat de esta disciplina, celebrado en 2012, Cabado se presentó sin éxito con una empresa, Codebi BCN, administrada por su gestor de confianza desde hace dos décadas, Pedro Salvador Cutillas. Pese a este aparente fracaso, la sociedad logró hacerse con dos grandes contratos —valorados en 15 millones de euros hasta 2021— utilizando una treta: asociarse mediante una figura llamada “alianza estratégica” con sendos hospitales privados integrados en la red pública. Estos centros  pueden conseguir de forma directa la adjudicación de un contrato público que de otra forma debería salir a concurso.

Codebi BCN, sin embargo, era una sociedad instrumental. No tenía trabajadores ni actividad y fue comprada por el gestor de Cabado solo un mes antes de formalizar los acuerdos con los hospitales Sant Rafael y Sagrat Cor. EL PAÍS destapó el caso el pasado mes de noviembre, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de la Generalitat, que ha acreditado que la maniobra constituye una subcontratación irregular de un contrato público. Una maniobra que ha resultado ser muy rentable: Codebi BCN repartió un total de 190.000 euros en dividendos en el ejercicio 2013, el primero completo en el que gestionó los dos contratos de la sanidad pública.

Investigacion@elpais.es

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